«Por estos tiempos hubo entre el dicho Gobernador y los Vicarios Generales del Obispo entónces de Mallorca, D. Francisco Ferrer, algunas diferencias sobre ejercer jurisdiccion la Iglesia en los bienes sobre los cuales se hipotecaban, ó servían de hipoteca de censos á favor de la Iglesia y miembros de ella, como son: beneficios, aniversarios, limosnas, lámparas y otras varias causas pias. Y convinieroh en formar ciertos capitulos de sus respective pretensiones, que el dicho Gobernador remitió al dicho Sr. Rey D. Juan junto con otros capítulos y instrumentos. El dicho Sr. Rey con plena deliberacion de su Real Consejo, respondió haber recibido dichos instrumentos y dos séries de capítulos; unos hechos por el noble Francisco de Erill, Lugarteniente que fué de este reino; los otros por dicho Gobernador y firmados por los Vicarios Generales de Mallorca, y otros capítulos llamados vulgarmente den Manresa.
Asimismo otros otorgados por el Rey D. Alonso á las Iglesias y personas eclesiásticas de Mallorca y su diócesi: pero que no había recibido la copia de los edictos Reales de este reino, que hubieran dado más luz en esta materia por parte de la jurisdiccion Real. Expresó que, con su Sacro Consejo, había acordado, y respondía que no eran de su Real agrado los capítulos que había formado con los Vicarios Generales, ni ménos los que formó Erill, su antecesor, por perjuiciales á la Real jurisdiccion, y así que no se observasen ni tuviesen efecto alguno, no solo en cuanto á los poseedores de las hipotecas, que son personas seculares y legos, si tambien à los bienes hipotecados por ser de Realengo y por reservacion de su jurisdiccion que pertenece in solidum á S. M. y á sus Regios ministros, en cuya jurisdiccion nada participan el Obispo, cabildo y otros jueces eclesiásticos, quienes en esta materia, no son más que acreedoras partes y no jueces; ántes bien, si por los poseedores de los tales bienes se hiciere recurso á la curia eclesiástica sean dichos bienes commisos y confiscados al Real Fisco.
Por lo que encargó estrechamente S. M. que no se permitiese, ni tolerase, qne los Jueces eclesiásticos se entrometiesen en conocimiento de causas, que se siguiesen entre los acreedores de dichos bienes hipotecados y detentores de dichas hipotecas, y que era su voluntad, que conociese en ellas el Lugarteniente y Regios ministros á quienes perteneciere. Y que si por sus Jueces eclesiásticos se procediese contra los ministros Regios con censuras eclesiásticas, se procediese contra aquellos que hubieren hecho recurso al Juez eclesiástico á ocupacion, aprehension y confiscacion de dichos bienes hipotecados que sean de Realengo, y del modo que le pareciere. Asimismo contra los Jueces eclesiásticos no solo á ocupacion de temporalidades, más áun de los bienes que poseen en Realengos así en general como en particular. «En cuanto al otro caso, ó artículo de las estimaciones hechas por los Vicarios Generales y Cabildo así dé los morabatinos, ó rentas pias, como de los bienes obligados que son de Realengo, siguiendo el acuerdo de su consejo, mandó que los oficiales Regios en manera alguna se valgan de las estimaciones hechas por parte del Obispo y cabildo, quienes en esta materia solo son parte y no Jueces, y no pueden juzgar ni perjudicar á los acreedores, y que se administre justicia entre las partes, apreciando dichos morabatinos y rentas, á los fueros que fueren bien vistos en justicia.
En órden al último capítulo de la consulta sobre inhibitoria del Juez eclesiástico, cuando se alega ante él algun contrato usurario, ó cuando el menor que ha jurado pide absolucion de aquel juramento, respondió que aplaudía lo que en la misma consulta expuso haber practicado en algunos que hacían dichas cosas maliciosamente, á saber, que les había denegado justicia en aquellas cosas que en justicia pedían ante el Gobernador hasta que los tales habían renunciado el recurso que habían hecho al juzgado eclesiástico. Y que era de su Real agrado el que así se practicase en toda ocasion, que contra forma de derecho ó en casos no permitidos se hicieren semejantes inhibitorias; pero que en cuanto á los contratos usurarios, si hubiese cuestion de derecho ante el Eclesiástico, y en consecuencia le espectare, se podrá guardar esta práctica, cesando los tribunales Regios en la ejecucion de los contratos en aquella parte que se dijere ser usura, hasta que por el Eclesiástico se haya conocido, ejecutando pero en continente lo demas.
En el caso pero de pedir absolucion del juramento, si por este motivo el Eclesiástico hiciere inhibiciones, el Gobernador, mediante letras, ofrezca venir á conferencia sobre el punto de inhibitoria, y se deba hacer pendiente el pleito, cuya conferencia se deberá tener en la sala Real donde se tiene la Audiencia; y si el Juez eclesiástieo requirido no quisiese venir á conferencia, ni revocar las inhibiciones y procedimientos hechos, se procederá á la ocupacion de temporalidades, y otros remedios que bien parecieren al Gobernador. Ya se había dado esta Real órden en Fraga en 25 de Setiembre de 1460, pero como en este año de 1471 por parte de algunos acreedores contra los bienes de Ferrer de Galiana, domicelo, el Vicario General y el Cabildo se opusiesen á dicha Real órden, pues á suplicacion de dicho Galiana, querían proceder á concederle el aprecio de dichos bienes por él poseídos en nombre de hipoteca, con pretexto de serlo de censos á favor de beneficios, aniversarios y otras causas pías á que se suponían obligados en grave detrimento de dichos acreedores y de la Real jurisdiccion, se suplicó á S.
M. por parte de dichos acreedores para que se dignase proveer de remedio oportuno, quien mandó bajo pena de su indignacion y de cinco mil florines de oro de bienes propios á su Real Fisco aplicadores, guardasen, observasen y procediesen segun la serie y tenor de dicha su Real órden contra los dichos Vicario y Cabildo por reintegracion y conservacion de su Real jurisdiccion y de sus derechos y Reales edictos, sin la menor lesion, ni se permita que en algo sea derogada por dichos Vicario y Cabildo que en dichas cosas no han de ser más que partes y no Jueces, como con más extension consta en dicha Real órden que trae preinserta la otra antecedente; y va impresa, dada en la villa de Tafalla del reino de Navarra, dia 2 de Mayo de 1471, y se halla registrada en el lib. de Reales Privilegios del Real archivo del año 1654.»— G. T. «El Sr. Rey D. Juan con su Real privilegio dado en Zaragoza dia 8 de Agosto de este año 1471 concedió que ningun mallorquin pueda por ningun Juez ser citado fuera del reino de Mallorca por causa civil ni criminal, á no ser de prerrorescencia de la cual primero se ha de conocer y sentenciar sobre ella en dicho reino.
Ordenó tambien bajo pena capital que no fuese alguno, que se casase clandestinamente contra la voluntad de los padres de las doncellas. Y que la tabla Numularia de Mallorca goce los mismos privilegios que goza la de Barcelona.»
Guillermo Terrassa.